La UPL solicita a la Junta un aplazamiento a su aplicación para consensuar su desarrollo.

El procurador de la UPL en las Cortes de Castilla y León, Alejandro Valderas, pedirá que se aplique una moratoria de dos años en la nueva Ley de Pesca y en la normativa anual que se aplica en toda la comunidad.

Este periodo de dos años serviría, según Valderas, para desarrollar los reglamentos estableciendo un amplio consenso tanto con los pescadores como con las empresas que se mueven en torno al negocio relacionado con la pesca y el turismo rural. Ya en el trámite de aprobación de la Ley el procurador de UPL desarrolló un importante trabajo presentando una enmienda a la totalidad que fue rechazada y 40 enmiendas parciales que tampoco fueron aceptadas. Valderas pone de manifiesto que en todo su trabajo desde que fue elegido procurador «nunca he estado tan presionado, incluso con acciones violentas, como en la aprobación de esta Ley». Destaca la intrusión en sus documentos privados y la publicación en diversos foros de dichos documentos. La intolerancia de una minoría de pescadores, partidarios de la pesca sin muerte, se destaca sobre el deseo de armonizar la actividad entre todos los aficionados. León cuenta con suficientes kilómetros de río para que todos puedan practicar la pesca, sin excluir a nadie, especialmente cuando se pretende marginar al pescador tradicional, con menos recursos, y que ha practicado esta modalidad de pesca desde siempre.